Estatuto del Becario: todo lo que cambia en las prácticas formativas en España

El 4 de noviembre de 2025, el Consejo de Ministros aprobó en primera lectura el Anteproyecto de Ley del Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, conocido popularmente como Estatuto del Becario. La norma busca poner fin a la precariedad de muchas prácticas formativas, reforzar la igualdad de oportunidades y establecer un marco jurídico claro para regular estas actividades en empresas, instituciones y organismos públicos o privados.

 

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¿Qué es y a quién afecta?

Se trata de un anteproyecto de ley, es decir, un texto que aún no es definitivo y que deberá recibir informes consultivos y pasar por el Parlamento antes de convertirse en ley. Su ámbito de aplicación abarca:

• Prácticas vinculadas a grados del sistema de Formación Profesional.
• Enseñanzas artísticas o deportivas del sistema educativo.
• Especialidades formativas del Sistema Nacional de Empleo.
• Prácticas universitarias, tanto curriculares como extracurriculares.

El objetivo central es garantizar que las actividades realizadas por las personas en formación tengan un carácter formativo, y no sustituyan funciones de empleados. De esta manera, el Estatuto distingue claramente entre formación y trabajo, evitando la figura de los llamados “falsos becarios”.

Derechos y garantías

El texto ya aprobadao introduce varias medidas para proteger a quienes realizan prácticas:

• Plan individual obligatorio: cada persona en prácticas deberá contar con un plan formativo detallado, vinculado a su itinerario académico.
• Tutoría y límites: cada tutor podrá supervisar hasta cinco personas, y el total de becarios no podrá superar el 20% de la plantilla del centro de trabajo.
• Compensación de gastos: se garantiza el reembolso de desplazamientos, manutención y otros gastos derivados de la práctica.
• Derechos laborales básicos: acceso a descansos, festivos y servicios del centro de trabajo en igualdad de condiciones con el personal.
• Protección frente a acoso y violencia: se reconocen derechos de seguridad y bienestar durante las prácticas.
• Transparencia y supervisión: la representación de los trabajadores recibirá información sobre las prácticas, y la Inspección de Trabajo podrá acceder a toda la documentación asociada.

Se creará además una Comisión de Seguimiento de la Formación Práctica en cada empresa, encargada de supervisar el cumplimiento de la norma.

Obligaciones para empresas

El Estatuto deja claro que las personas en prácticas no pueden reemplazar a empleados y que su actividad debe estar directamente relacionada con su formación. Las entidades que incumplan la norma se arriesgan a sanciones que, en los casos más graves, podrían ascender hasta 225.018 euros.

Además, la norma exige que las prácticas estén amparadas por acuerdos o convenios con centros educativos autorizados, reforzando la conexión entre formación y actividad profesional.

Contexto político y legislativo

El Estatuto llega tras años de debate y negociaciones. Ya estaba previsto en la disposición adicional segunda del Real Decreto-ley 32/2021 y en los Planes Anuales Normativos de 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, la tramitación parlamentaria aún es incierta, dado que la actual fragmentación política y la ruptura del pacto de investidura con Junts dificultan su aprobación definitiva.

El anteproyecto cuenta con el respaldo de CCOO y UGT, mientras que las patronales (CEOE y Cepyme) y la CRUE (Conferencia de Rectores de Universidades) expresan dudas o rechazo, por el impacto en la gestión de prácticas y la carga económica para universidades y empresas.

La dignificación de las prácticas

Más allá de su recorrido legislativo, el Estatuto del Becario representa un avance simbólico en España: por primera vez, las personas en prácticas son reconocidas como sujetos de derechos y no como mano de obra de bajo coste.
Si necesitas orientación sobre cómo aplicar correctamente el Estatuto del Becario en tu empresa o centro educativo, contacta con nuestro equipo de asesoría laboral.