¿Asilo denegado? Conserva tus derechos laborales

El acceso a los derechos laborales y a la Seguridad Social por parte de los solicitantes de asilo cuyo procedimiento ha sido inicialmente denegado, pero no de manera definitiva, ha sido reafirmado por una creciente doctrina judicial en España. Esta situación, lejos de representar una simple interpretación normativa, consolida un enfoque más humanitario y garantista alineado con los valores del derecho europeo.

En este artículo analizamos el nuevo marco jurisprudencial que reconoce el derecho al trabajo y a prestaciones sociales a solicitantes de asilo que han interpuesto recurso contra su denegación. Una protección crucial en el actual contexto migratorio europeo.

 

 

Según el Letrado de la Administración de Justicia, Jorge Medel Bernardo, esta interpretación “permite que miles de personas mantengan su acceso legal a prestaciones y empleo”. Su razonamiento parte de la primacía del derecho comunitario frente a las lagunas del derecho nacional.

Efectos en el acceso a la Seguridad Social

Uno de los mayores avances es la continuidad en la cotización a la Seguridad Social y el reconocimiento de prestaciones contributivas como:

• Prestaciones por nacimiento o cuidado de menor
• Subsidios por incapacidad temporal
• Subsidios por desempleo (cuando cumplan requisitos contributivos previos)
• Asistencia sanitaria del sistema público

Estas prestaciones, vitales para el sustento diario, están protegidas por el permiso inicial y su continuidad hasta sentencia firme.

Posibles riesgos ante la reforma del SECA

A pesar del enfoque actual favorable, la reforma del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) podría modificar radicalmente esta interpretación. El nuevo Reglamento Europeo 2024/1347 introduce procedimientos más acelerados, y podría restringir derechos durante fases iniciales o tras resoluciones denegatorias.

Esto implica que la doctrina actual podría no sobrevivir sin ajustes legislativos nacionales que integren adecuadamente la nueva normativa comunitaria. Expertos señalan la necesidad de vigilar estos cambios y defender el principio de no discriminación hasta el final del procedimiento.

 

Un equilibrio necesario entre control migratorio y dignidad humana

España registró en 2023 más de 160.000 solicitudes de protección internacional, una cifra histórica. En este contexto, el mantenimiento de los derechos sociales básicos no solo es legalmente correcto, sino también una herramienta de integración, estabilidad y cohesión social.

Negar el acceso a empleo o protección social a personas que aún están en proceso vulneraría principios fundamentales del derecho europeo y los tratados internacionales firmados por España.

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¿Quieres conocer una herramienta jurídica clave para personas en situación irregular tras una denegación de asilo no firme? Consulta nuestro artículo dedicado al arraigo de segunda oportunidad.